Estamos cerca de que se cumpla un año del cierre total de nuestra economía producido el pasado 14 de marzo de 2020, cuando el gobierno español decreta el estado de alarma. Es indudable que todo el tejido empresarial está muy afectado por la crisis económica producida por la crisis sanitaria, pero de entre todos los sectores que conforman nuestra economía es evidente que unos están más dañados que otros, sobre todo aquellos que las medidas para salvar la salud afectan a su posibilidad de trabajar como es el caso de la industria de los eventos donde la actividad como su facturación ha bajado más de un 80%.
Tras un año de esta situación ya se hace insostenible la supervivencia de muchas empresas que conforman este sector. Es por ello que, a pesar de las medidas adoptadas por ejecutivo, El llamado «escudo social” ha mitigado los desastrosos efectos económico aparejados al coronavirus. Pero la situación se alarga más de lo esperado y un nuevo nubarrón se cierne sobre la economía española: el peligro real y palmario de que muchas empresas caigan en la insolvencia y acaben en la ruina.
Por eso, desde hace unos días se habla con fuerza de la necesidad de darle una vuelta de tuerca al escudo social. El debate sobre la necesidad de aprobar un paquete de ayudas directas a las empresas, en especial a los sectores más castigados genera un consenso pocas veces visto entre todos los agentes económicos. Sería la salida más razonable para evitar el cierre ya inevitable de muchas empresas.
Se trataría en todo caso de dar directamente dinero a las empresas sin condiciones y sin obligar a devolverlo. Es cierto que ya se está haciendo en algunas comunidades autónomas, pero lo que se echa de menos es una estrategia más global y más decidida por parte del Gobierno. «Estamos hablando de poner dinero líquido en manos de empresas que tienen que hacer frente con urgencia a pagos y a dificultades extraordinarias para mantener la actividad»
Las ayudas actuales del Estado se dirigen a los trabajadores y las trabajadoras, pero dejan bastante de lado a los autónomos y los empresarios. Y esto choca mucho con lo que ocurre en Europa, países como Alemania, Francia, Bélgica, Italia las ayudas a fondo perdido cubren los costes fijos, la liquidez y la solvencia acompañadas de bajadas impositivas.
Lo que más se ha hecho, y se presume mucho, son ayudas indirectas sobre todo en términos de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo que prácticamente está dando barra libre. Y es verdad que se ha ampliado el período de carencia un año para devolver estos créditos, pero básicamente lo que se está haciendo es engordando la deuda de las empresas para que tengan liquidez, pero eso no es una ayuda directa. En el sector financiero se teme que si no llega este apoyo directo la morosidad se disparará al terminar las moratorias de los créditos. Si esto ocurriera, la crisis económica acabaría siendo financiera, con el riesgo de tener que rescatar bancos.
Por tanto, estas últimas semanas se está produciendo un llamamiento para que el gobierno amplié ya el actual esquema paraguas para apoyar la economía en el contexto del brote de coronavirus y poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas viables afectados por la pandemia. Parece que el nuevo marco “incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas. Asimismo, se extendería el plazo de aplicación de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2021.Las ayudas irán a empresas viables por lo que una de las claves será cómo determinar que los que reciben la ayuda podrán seguir funcionando cuando se supere la pandemia.
Lo que resulta evidente, es que siempre da la sensación de que en nuestro país se va un paso por detrás a la hora de aplicar medidas efectivas, mientras tanto todas las empresas de la industria de los eventos, sector estratégico para salvar a nuestra economía sigue sin poder trabajar lo que hace imposible la recuperación .
