La patronal exige a los partidos políticos la aprobación urgente del régimen sancionador contra la morosidad que lleva más de dos años paralizado en el Congreso. La morosidad es la mayor lacra que afecta a la viabilidad de las pymes. Una verdadera política de empleo debe proteger a las pymes, que son un pilar fundamental para la retención y creación de empleo.
El Presidente de la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), José María Torres, ha señalado que, “si bien los datos de paro registrado del mes de noviembre expresan que el mercado de trabajo continúa resistiendo a la actual situación de incertidumbre, es imprescindible un mayor detalle clarificador de los datos estadísticos”.
CONPYMES pide a los Ministerios de Trabajo y Economía Social y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una mejora cualitativa de los datos para disponer de información más detallada con respecto a aquellas personas que están desempleadas.
Torres considera que “para poder tomar medidas más eficaces respecto a las políticas de empleo y poder comparar de forma más homogénea y con perspectiva temporal la evolución del mercado trabajo, son necesarias estadísticas más precisas”.
A pesar de que los datos de empleo, cotizantes a la seguridad social y contratación indefinida, son mejores que en cualquier otra salida de crisis, no cabe hacer una lectura conformista con una tasa de desempleo tan elevada y con la existencia de múltiples formas de precariedad.
A pesar de las acusaciones que se realizan al Gobierno de maquillar las cifras del paro, la exclusión de los fijos discontinuos está recogida por la norma de 1985, que rige cómo se mide el paro. Pero también es cierto que el coto puesto a los temporales por la reforma laboral ha hecho que muchos empresarios opten por convertir los temporales en fijos discontinuos, lo que puede dar lugar a distorsiones estadísticas.
CONPYMES considera necesaria una mejora cualitativa de los datos y buscar la vía más adecuada para afinar más la medición de los fijos discontinuos, mejorar la transparencia y que permita realizar una evaluación rigurosa de los efectos de la reciente reforma.
Torres indica que “si queremos reducir la tasa de desempleo es urgente que se apruebe un régimen sancionador contra la morosidad, la mayor lacra que afecta a la viabilidad de las pymes. Una de cada tres empresas que cierran lo hacen por culpa de la morosidad”.
La patronal exige a los partidos políticos que de forma urgente se apruebe el régimen sancionador que está bloqueado en el Congreso desde hace más de dos años con 83
prórrogas. Algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días).
Su puesta en marcha ayudaría a mitigar la previsible falta -y encarecimiento- de liquidez a la que se enfrentarán en un futuro próximo las pymes y autónomos en nuestro país. En el sector del transporte, la aplicación de un régimen sancionador está demostrando la eficacia de esta medida y se está logrando que los plazos de pago cumplan con lo que marca la ley.
