El pasado 11 de noviembre, nuestro presidente Eduardo Martin y nuestro Vicepresidente Anselmo Rodríguez, se han reunido con D. Antonio Isidro Piñol, Subdirector General de Política Interior de la Comunidad de Madrid.
Pero el motivo de esta reunión, en la que agradecemos la disponibilidad del Gobierno Autonómico no ha sido otro que trasladarle al Subdirector General de Política Interior la urgente necesidad de regular permitiendo la tramitación de licencias temporales para actividades de eventos y espectáculos a través de entidades colaboradoras con el fin de agilizar y facilitar la celebración de los mismos en la Comunidad de Madrid, al igual que otras comunidades autónomas.
Esta petición nace de nuestra Organización después de haber mantenido reuniones, con el área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid, este pasado verano.
Por tanto, hemos realizado la petición de “Modificación de normativa reguladora de espectáculos y actividades recreativas de Madrid para autorizar tramitaciones de licencias temporales para actividades de eventos y espectáculos a través de entidades colaboradoras”
Siendo conscientes de las necesidades de nuestro sector (MICE), es muy importante hacer cambios en la legislación y a veces en su caso crearla dada su inexistencia.
Por todo ello, es una gran oportunidad validar una indexación normativa sobre el modelo valenciano, más específicamente sobre los artículos 12, 81 y 95 del Decreto 143/15 que desarrolla dicha Ley, permitiendo que las entidades colaboradoras puedan informar actividades eventuales: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007372/2015&L=1
La solución más apropiada y que evitaría caer en este tipo de situaciones, es concentrar los esfuerzos de la Administración en un estudio a largo plazo, que tenga en cuenta las circunstancias de todos los actores, mientras, aplicando el principio jurídico aplicable de subsidiariedad, es decir a falta de legislación específica, y teniendo en cuenta la ventaja para el crecimiento económica del sector, la subsidiaridad permite acogerse a una legislación ya creada, en ejercicio y eficaz, para no incrementar el arsenal legislativo inútilmente, es un principio guiado por el espíritu de eficiencia y que ya ha sido aplicado en el sector de la franquicia, entre Francia y España.